Como miembro informante del mismo, entiendo que resulta fundamental que los porteños sepan que esta ley modifica la capacidad constructiva de esas tres parcelas, otorgándoles la capacidad para desarrollo en altura y el destino para diversos usos. Esto otorga a estos lotes un valor agregado que quedará en manos de la Ciudad y no de dueños particulares como sucedió en otras épocas; es decir, la plusvalía quedará a favor del Estado.
Es la primera vez en la historia que un gobierno porteño procede a rezonificar un predio para otorgarle un valor mayor, con el fin de ofertarlo en subasta pública.
Resulta trascendental destacar que esta ley dispone que el monto obtenido por la subasta pública de estos inmuebles será destinado en su totalidad a fortalecer el presupuesto del Ministerio de Educación.
Durante 2008 el Ministerio de Educación pagó $10 millones en concepto de alquileres de escuelas. Para dar un ejemplo, por la Escuela Nº 13 de la calle Cabrera 3430 la Ciudad abona por mes $11.500, es decir, casi el mismo importe que paga de alquiler solamente uno de los concesionarios de los inmuebles de Catalinas Norte.
Para tener una idea de la necesidad y de la utilidad de esta ley es preciso resaltar que al día de hoy existen expropiaciones de edificios escolares que fueron aprobadas pero que han quedado pendientes de ejecución por carecer el Gobierno de la Ciudad de los fondos necesarios para llevarlas a cabo.
Teniendo en cuenta que si una escuela cuesta aproximadamente $3 millones y por un lote como el ubicado en Av. Alem y Córdoba, el concesionario le paga a la Ciudad sólo 11 mil pesos entonces se necesitarían veinticinco años para comprar solamente una escuela.
Efectivamente, hay una falta de racionalidad que esta ley seguramente comenzará a subsanar.
Con esta nueva norma será posible adquirir escuelas que hoy no se pueden comprar, cubrir necesidades edilicias insatisfechas y a su vez revertir el oneroso gasto que el gobierno porteño debe realizar en concepto de alquileres de edificios destinados a la educación.
Esta ley no sólo es una gran herramienta para optimizar los recursos de la ciudad sino que tiene como objeto brindar una mejora sustancial en materia educativa. Por lo tanto, es evidente que la principal característica de esta norma no es sólo su utilidad en términos fiscales sino su utilidad social.
